La entrada masiva de personas desde Marruecos los días 30 y 31 de julio ha abierto una investigación judicial, provocado una crisis política y obligado al Gobierno a movilizar cientos de millones de euros. Mientras La Moncloa niega que existan pruebas de una operación marroquí organizada, un informe policial entregado a la Audiencia Nacional apunta a una actuación coordinada de agentes del país vecino. En medio, Ceuta intenta recuperar la normalidad.
Hay momentos en los que una frontera deja de ser simplemente una línea dibujada sobre un mapa.
Durante unas horas, a finales de julio, la frontera de Ceuta dejó de comportarse como una frontera convencional. Decenas de miles de personas se dirigieron hacia ella desde Marruecos. Algunos llegaron a nado; otros atravesaron el espigón fronterizo. Las imágenes mostraron una corriente humana extraordinaria avanzando hacia territorio español mientras los servicios de seguridad intentaban contener una situación para la que no existía una previsión suficientemente precisa.
El Ministerio del Interior acabaría cifrando en 72.000 las personas que entraron irregularmente en Ceuta durante aquellos días, aunque la cifra y, sobre todo, su interpretación han sido objeto de controversia política y mediática.
La dimensión resulta difícil de comprender si no se pone en relación con el tamaño de la propia ciudad. Ceuta tiene alrededor de 83.000 habitantes.
Durante unas horas, por tanto, el número de personas que cruzaron irregularmente la frontera equivalió aproximadamente a una población adicional cercana a la de toda la ciudad.
Y esa es solamente la primera dimensión de una crisis que, más de un mes después, continúa abierta.
EL DÍA EN QUE TODO CAMBIÓ
La situación no comenzó exactamente el 30 de julio.
Durante los días anteriores ya se había producido un incremento significativo de llegadas. El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había advertido públicamente de la presión creciente sobre los servicios de la ciudad.
El escenario recordaba inevitablemente a mayo de 2021, cuando alrededor de 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas unos días.
Pero esta vez la magnitud iba a ser radicalmente diferente.
En la madrugada del 30 al 31 de julio se produjo el episodio extraordinario. Según los datos facilitados posteriormente por Interior, en una sola noche llegaron a cruzar decenas de miles de personas. Algunas estimaciones oficiales llegaron a situar el volumen de entradas en torno a 50.000 en apenas unas horas.
Las imágenes mostraban a personas entrando por el mar, utilizando flotadores o simplemente intentando alcanzar la costa a nado.
En otros puntos se produjeron intentos de acceso terrestre.
La presión sobre los servicios de seguridad fue inmediata.
La respuesta del Estado incluyó el despliegue de refuerzos policiales y militares. En los primeros momentos fueron movilizados efectivos adicionales de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas para colaborar en el control de la situación.
Pero había una particularidad que acabaría siendo fundamental para entender todo lo ocurrido posteriormente:
la inmensa mayoría de las personas que entraron no permaneció en Ceuta.
Los retornos comenzaron prácticamente desde el mismo momento de la entrada.
El Ministerio del Interior llegó a informar de retornos de centenares de personas por minuto. El 31 de julio, a primera hora de la tarde, más de 37.500 personas ya habían regresado a Marruecos.
La imagen de una multitud entrando y, poco después, otra multitud regresando, convirtió el episodio en algo difícil de encajar en los patrones habituales de una crisis migratoria.
Y precisamente ahí comienza una de las grandes preguntas que todavía no tienen una respuesta definitiva.
¿Qué provocó aquella movilización?
LAS REDES SOCIALES, EL SUPREMO Y UNA INFORMACIÓN QUE SE CONVIRTIÓ EN UN DETONANTE
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció el 3 de septiembre una explicación basada en la información recopilada por el Ejecutivo durante las semanas posteriores.
Sánchez rechazó que existiera una causa única.
Su descripción fue la de un fenómeno «complejo y multicausal».
Según el presidente, uno de los detonantes fue la difusión de una interpretación tergiversada de una sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el régimen de devolución de personas que entran irregularmente por vía marítima en Ceuta y Melilla.
Esa interpretación habría circulado por redes sociales y habría generado la expectativa de que quienes consiguieran entrar en territorio español podrían permanecer en él.
Sánchez habló también de «mafias y comerciantes» que, según explicó, aprovecharon y alimentaron la situación para vender material y servicios de asistencia al cruce.
La explicación gubernamental introduce así un elemento fundamental: la desinformación.
Pero no resuelve todas las preguntas.
Porque mientras el Gobierno sostiene que el fenómeno fue multicausal, una investigación policial remitida posteriormente a la Audiencia Nacional ha apuntado hacia otra posibilidad: que hubiera existido una actuación organizada desde el lado marroquí de la frontera.
EL INFORME POLICIAL QUE CAMBIÓ LA INVESTIGACIÓN
La investigación judicial está dirigida por la magistrada de la Audiencia Nacional María Tardón.
En el marco de esa investigación se solicitó un informe al Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional.
El documento, según las informaciones publicadas, sostiene que agentes marroquíes pudieron haber desempeñado un papel activo en la entrada masiva.
El informe describe una «permisividad» inusual por parte de las fuerzas de seguridad marroquíes y señala indicios de que algunos agentes pudieron haber guiado a grupos de migrantes hacia determinados puntos de entrada, entre ellos la zona del espigón de El Tarajal.
La investigación también habría analizado imágenes, publicaciones en redes sociales y testimonios de personas que participaron en los cruces.
Pero aquí resulta imprescindible introducir una precisión periodística.
Que un informe policial señale indicios de actuación de agentes marroquíes no significa que esté probado que el Gobierno de Marruecos ordenara la operación.
Son dos afirmaciones completamente diferentes.
Y esa diferencia es precisamente uno de los principales puntos de conflicto entre las conclusiones policiales conocidas, la investigación judicial y la posición del Gobierno.
SÁNCHEZ: «NO EXISTEN EVIDENCIAS SÓLIDAS»
Pedro Sánchez fue explícito cuando compareció en el Congreso.
El presidente aseguró que, después de un mes de recopilación de información, el Gobierno no disponía de evidencias sólidas que permitieran afirmar que Marruecos hubiera planificado o ejecutado la entrada masiva.
La posición del Ejecutivo fue clara: no existían pruebas suficientes para atribuir al Estado marroquí la organización de los acontecimientos.
El presidente añadió, sin embargo, que todas las unidades competentes del Estado seguían investigándolo.
Y dejó abierta la puerta a una respuesta contundente si aparecieran pruebas concluyentes.
La posición oficial española, por tanto, ha sido mantener una prudencia deliberada respecto a Marruecos.
No es una cuestión menor.
La relación entre Madrid y Rabat es estratégica para España: cooperación económica, lucha contra el terrorismo, control migratorio, seguridad, comercio y la cuestión del Sáhara Occidental forman parte de una relación bilateral extraordinariamente sensible.
Atribuir oficialmente a Marruecos la organización de una operación de estas características tendría consecuencias diplomáticas de enorme alcance.
MARRUECOS RECHAZA LAS ACUSACIONES
Rabat ha negado que sus autoridades organizaran o facilitaran deliberadamente el movimiento.
La versión marroquí apunta hacia otros factores: las redes sociales, los traficantes y la confusión generada alrededor de la legislación española.
En otras palabras, Marruecos niega que existiera una operación estatal destinada a presionar a España mediante la migración.
La diferencia entre las versiones es fundamental.
Por un lado, un informe policial español habla de indicios de actuación organizada de agentes marroquíes.
Por otro, el Gobierno español dice que no existen pruebas sólidas de una operación planificada por el Estado marroquí.
Y Marruecos rechaza haber organizado o facilitado la entrada.
La investigación judicial deberá determinar hasta dónde llegan realmente las responsabilidades.
LA DIMENSIÓN JUDICIAL
La Audiencia Nacional no investiga únicamente una cuestión administrativa relacionada con inmigración.
La causa ha adquirido una dimensión considerablemente más grave.
La magistrada María Tardón investiga posibles delitos relacionados con la paz o independencia del Estado, delitos contra los derechos de ciudadanos extranjeros, homicidio imprudente y organización criminal, entre otras hipótesis recogidas en las actuaciones judiciales conocidas.
La propia ciudad de Ceuta ha sido aceptada como acusación particular en el procedimiento, al considerar la jueza que la ciudad y sus habitantes pueden ser considerados directamente perjudicados por los hechos.
También se han aceptado varias acusaciones populares.
El Gobierno central, por su parte, ha anunciado su intención de personarse en la causa.
La investigación se convierte así en una pieza esencial para separar los hechos demostrables de las hipótesis políticas.
Y hay otro elemento especialmente delicado.
La información policial fue elaborada bajo reserva judicial y su filtración provocó un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial.
El ministro Fernando Grande-Marlaska cuestionó que el Gobierno desconociera el contenido de un informe de tanta relevancia.
La Audiencia Nacional y el órgano de gobierno de los jueces defendieron, en cambio, la actuación de la magistrada y la independencia judicial.
La crisis de Ceuta comenzó siendo migratoria.
Después se convirtió en política.
Y terminó afectando también a la relación entre instituciones del Estado.
¿AVISÓ LA INTELIGENCIA ESPAÑOLA?
Esta es otra de las grandes controversias.
Durante las semanas posteriores surgieron versiones contradictorias sobre si el Gobierno había recibido información previa acerca de la posibilidad de una entrada masiva.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, defendió que existían avisos e informes de inteligencia relacionados con la situación.
La polémica aumentó cuando se conoció que uno de los informes del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas había advertido de la posibilidad de una entrada masiva coincidiendo con el Día del Trono de Marruecos.
El Gobierno ha decidido ahora desclasificar documentación relacionada con la crisis.
La decisión afecta a informes del CNI, del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas y a documentación relacionada con las comunicaciones entre los servicios de inteligencia, la Delegación del Gobierno y la Guardia Civil.
La finalidad anunciada por el Ejecutivo es aportar transparencia y permitir comprobar qué información recibió realmente cada organismo y cuándo la recibió.
Aquí vuelve a aparecer una diferencia fundamental.
Una cosa es saber que existía un riesgo de incremento de llegadas.
Otra muy diferente es disponer de información que permitiera prever una operación de la magnitud de la ocurrida.
Los documentos desclasificados pretenden precisamente arrojar luz sobre esa diferencia.
UNA CIUDAD DE 83.000 HABITANTES ANTE UNA SITUACIÓN INÉDITA
Mientras Madrid, Rabat, Bruselas, los jueces y los partidos políticos discutían sobre las causas, Ceuta tenía que resolver un problema mucho más inmediato:
¿Dónde colocar a miles de personas?
La infraestructura de acogida quedó desbordada.
El Gobierno reconoció que antes de la crisis existían aproximadamente entre 500 y 600 plazas disponibles en el CETI.
Posteriormente se habilitaron más de 3.400 plazas adicionales en distintos espacios.
Se utilizaron instalaciones temporales y se habilitaron nuevos emplazamientos.
La situación afectó especialmente a los menores.
Los datos oficiales conocidos a principios de septiembre situaban en 1.129 los menores identificados tras las entradas del 30 y 31 de julio, aunque el número total de menores presentes en la ciudad era superior porque algunos ya se encontraban allí antes de la crisis.
La protección de esos menores se convirtió en uno de los principales problemas administrativos y humanitarios.
Porque cada persona que permanecía en Ceuta necesitaba ser identificada, registrada y sometida al procedimiento correspondiente.
Y en el caso de quienes solicitaran protección internacional, había que garantizar también el procedimiento de asilo.
EL GOBIERNO DECLARA LA SITUACIÓN DE INTERÉS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL
El 25 de agosto el Consejo de Ministros declaró la situación de interés para la Seguridad Nacional en Ceuta.
La medida pretendía mejorar la coordinación entre las diferentes administraciones y organismos implicados.
Se estableció una autoridad funcional para coordinar la respuesta.
El Gobierno describió la situación como «extraordinaria» y aseguró que mantendría en Ceuta los recursos necesarios durante el tiempo que hiciera falta.
Una semana después, el Ejecutivo aprobó un plan de choque.
La cifra anunciada alcanzó 309 millones de euros, destinados a seguridad, servicios esenciales, acogida humanitaria y apoyo económico a empresas y trabajadores.
El desglose inicial contemplaba:
-
21 millones para servicios esenciales.
-
90 millones para seguridad.
-
118 millones para acogida humanitaria.
-
80 millones para empresas y trabajadores.
El Gobierno considera que la crisis no afecta solamente al control fronterizo.
Afecta a la economía, los servicios públicos, la educación, la protección de menores, la seguridad y el funcionamiento ordinario de la ciudad.
CEUTA MIRA AHORA HACIA BRUSELAS
La crisis ya no es solamente española.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, viajó este 8 de septiembre a Bruselas para reclamar una mayor implicación de la Unión Europea.
Su diagnóstico ha sido especialmente contundente.
Ha descrito Ceuta como «una olla a presión» y ha reclamado una presencia permanente de organismos europeos como Frontex y la Agencia Europea de Asilo.
Vivas también ha pedido un tratamiento específico para Ceuta y Melilla debido a su condición de fronteras terrestres de la Unión Europea en África.
La petición tiene una lógica geográfica evidente.
Ceuta no es simplemente una ciudad española situada en el norte de África.
Es también una frontera exterior de la Unión Europea.
Y desde la perspectiva de las autoridades ceutíes, esa condición debería traducirse en una mayor participación comunitaria.
La Comisión Europea estudia ayudas de emergencia y prepara una misión técnica para desplazarse a la ciudad.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha hablado también de la necesidad de avanzar hacia una mayor «europeización» de Ceuta y Melilla, aunque reconoce las dificultades jurídicas para aplicar a ambas ciudades un régimen idéntico al de las regiones ultraperiféricas.
Y ENTONCES APARECIÓ LA DIMENSIÓN MILITAR
El episodio ha llegado incluso a la agenda de la Casa Real.
Este lunes, 7 de septiembre, el rey Felipe VI mantuvo en el Palacio de la Zarzuela una reunión con la ministra de Defensa, Margarita Robles, y altos mandos militares para analizar la situación de Ceuta «desde el punto de vista de la defensa».
Participaron, entre otros, responsables de la cúpula militar y el comandante general de Ceuta.
La Casa del Rey informó de la reunión y difundió imágenes del encuentro.
Según las informaciones conocidas, Felipe VI mostró preocupación por los acontecimientos ocurridos tanto en Ceuta como en Melilla y defendió la necesidad de que exista un respaldo claro del conjunto de España a las ciudades autónomas.
El hecho de que la crisis haya llegado a una reunión de estas características revela hasta qué punto el episodio ha dejado de ser considerado exclusivamente un asunto migratorio.
Ahora también se analiza desde la perspectiva de la seguridad y la defensa nacional.
UNA FRONTERA, DOS PAÍSES Y UNA RELACIÓN IMPRESCINDIBLE
Todo esto ocurre mientras España necesita mantener una relación estable con Marruecos.
La paradoja es evidente.
España necesita la cooperación marroquí para controlar la inmigración irregular.
Pero, al mismo tiempo, España debe proteger una frontera cuya gestión depende en buena medida de la cooperación de las autoridades del país vecino.
Ceuta y Melilla son los únicos territorios de la Unión Europea que mantienen fronteras terrestres con África.
Eso convierte cualquier alteración importante de la cooperación fronteriza en un asunto de dimensión europea.
La crisis de julio ha recordado una realidad que ya se había hecho evidente en 2021:
Ceuta es una frontera española, pero también es una frontera europea; y su estabilidad depende en buena medida de una relación bilateral extraordinariamente sensible.
LA POLÍTICA ESPAÑOLA ENTRA EN ESCENA
Mientras las administraciones intentaban gestionar la situación, los partidos políticos comenzaron a convertir Ceuta en uno de los grandes asuntos del verano.
El Partido Popular reclamó responsabilidades al Gobierno.
Vox elevó todavía más el tono y convirtió la crisis migratoria en uno de sus principales argumentos políticos.
En Ceuta se produjeron manifestaciones y protestas contra la gestión del Ejecutivo central, con demandas de mayor control fronterizo y retorno de los migrantes.
Al mismo tiempo aparecieron también movilizaciones y pronunciamientos contra el racismo y la xenofobia.
Porque la crisis tiene otra consecuencia que resulta difícil medir con cifras:
la tensión social.
Cuando decenas de miles de personas llegan de manera simultánea a una ciudad pequeña, la percepción de seguridad cambia.
Y cuando ese fenómeno se produce en un contexto de incertidumbre sobre quién lo provocó, por qué ocurrió y cuánto tiempo durará, el espacio para los rumores y la desinformación aumenta.
LO QUE TODAVÍA NO SABEMOS
Quizá esta sea la parte más importante de toda la historia.
A día de hoy existen muchas cosas que conocemos.
Sabemos que se produjo una entrada masiva.
Sabemos que Interior contabilizó alrededor de 72.000 entradas.
Sabemos que una parte muy importante de esas personas regresó rápidamente a Marruecos.
Sabemos que la infraestructura de Ceuta quedó desbordada.
Sabemos que miles de personas permanecieron posteriormente en la ciudad.
Sabemos que hay una investigación de la Audiencia Nacional.
Sabemos que existe un informe policial que apunta a una posible participación activa de agentes marroquíes.
Sabemos que Marruecos rechaza esa interpretación.
Sabemos que el Gobierno español afirma que no dispone de pruebas sólidas para atribuir al Estado marroquí la organización de la operación.
Sabemos que el Ejecutivo ha declarado la situación de interés para la Seguridad Nacional.
Sabemos que se han movilizado cientos de millones de euros.
Sabemos que la Unión Europea está estudiando cómo intervenir.
Y sabemos que la Casa Real y la cúpula militar han analizado el episodio desde la perspectiva de la defensa.
Pero hay preguntas fundamentales que todavía permanecen abiertas.
¿Quién organizó realmente aquella movilización?
¿Fue espontánea?
¿Fue consecuencia de una combinación de redes sociales, rumores y tráfico de personas?
¿Existió una operación organizada?
¿Qué papel desempeñaron exactamente los agentes marroquíes?
¿Hubo una decisión política detrás de su actuación?
¿Qué información recibió exactamente España antes del 30 de julio?
¿Se pudo haber previsto la magnitud de lo que iba a suceder?
¿Por qué decenas de miles de personas regresaron a Marruecos prácticamente con la misma rapidez con la que habían entrado?
Son preguntas que no deberían responderse con titulares políticos.
Tendrán que responderse con documentos, testimonios, investigaciones y pruebas.
CEUTA DESPUÉS DE LA TORMENTA
Más de un mes después de aquella noche, Ceuta intenta recuperar una normalidad que todavía no es completa.
Las administraciones siguen identificando personas, tramitando expedientes, gestionando solicitudes de asilo y buscando soluciones para los menores.
El Gobierno ha reforzado la Policía y los equipos administrativos destinados a realizar el llamado triaje. En el dispositivo se han incorporado nuevas líneas de trabajo y personal especializado en protección internacional.
Al mismo tiempo, continúa el retorno de personas a Marruecos.
Y mientras los procedimientos administrativos avanzan, la investigación judicial continúa.
La crisis ha dejado además una consecuencia política difícil de ignorar: Ceuta ha pasado al centro del debate nacional sobre inmigración, seguridad, soberanía y relación con Marruecos.
Pero quizá la pregunta más importante sea otra.
Ceuta lleva décadas viviendo en primera línea de la frontera entre África y Europa.
La ciudad conoce mejor que casi nadie que la inmigración no es una abstracción política.
Tiene rostro, nombre, necesidades y consecuencias.
Pero también sabe que una frontera que no puede controlar su propia presión migratoria se convierte necesariamente en un asunto de seguridad.
El desafío para España y para Europa será encontrar el equilibrio entre ambas realidades.
Porque una frontera no puede dejar de ser una frontera.
Pero tampoco puede dejar de ser un lugar donde se aplican las leyes, los procedimientos de protección internacional y los derechos fundamentales.
Y mientras la Justicia intenta determinar qué ocurrió realmente durante aquellas horas de julio, Ceuta ha quedado convertida en algo más que el escenario de una crisis migratoria.
Se ha convertido en el lugar donde España, Marruecos y Europa están obligados a preguntarse qué significa realmente proteger una frontera exterior de la Unión Europea en el siglo XXI.
La respuesta todavía no está escrita.
Y quizá esa sea la razón por la que la historia de Ceuta está lejos de haber terminado.