La crisis de la vivienda ha dejado de ser una cuestión que afecte solamente a los colectivos más vulnerables. Las acampadas de Madrid y las movilizaciones en decenas de ciudades españolas muestran hasta qué punto el acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales y políticos del país.

Hay imágenes que consiguen resumir un problema mucho mejor que cualquier estadística.

En los últimos días, la Puerta del Sol de Madrid se ha llenado de tiendas de campaña. No estamos hablando de un asentamiento improvisado de personas sin hogar, sino de una protesta organizada por colectivos de inquilinos y movimientos sociales para reclamar una vivienda accesible y denunciar lo que consideran una situación insostenible.

La acampada comenzó el 26 de septiembre, después de una movilización vinculada al desahucio de una mujer de 87 años, y pocos días después ya había más de un millar de personas acampadas en Sol. La protesta de Madrid se convirtió en el epicentro de una movilización que el 3 de octubre se extendió a más de 50 ciudades españolas.

EFE informó del inicio de la acampada en Sol y RTVE documentó las movilizaciones celebradas en decenas de ciudades.

Más allá de las cifras, hay algo que me parece imposible ignorar: la vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas sociales de España.

Y ya no afecta únicamente a quienes tradicionalmente identificábamos como personas vulnerables.

Una parte enorme de los jóvenes no consigue emanciparse. Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2025 el 44,3 % de las personas de entre 26 y 34 años vivía con sus padres. Entre ellas, un 47,3 % señaló como principal motivo no poder permitirse comprar o alquilar una vivienda. Además, entre las personas que buscaron vivienda sin conseguir cambiar de residencia, casi siete de cada diez señalaron el precio excesivo como la principal dificultad.

Datos del Instituto Nacional de Estadística sobre las dificultades de acceso a la vivienda.

Es decir, el problema no es marginal. Está entrando en la vida cotidiana de una generación entera.

¿Quién tiene la responsabilidad de solucionarlo?

En mi opinión, esta pregunta debería estar en el centro del debate.

La Constitución Española establece en su artículo 47 que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias para hacer efectivo ese derecho.

Eso no significa que el Estado tenga que regalar una vivienda a todo ciudadano. Significa que una sociedad que considera la vivienda un derecho básico tiene que disponer de políticas capaces de ofrecer una alternativa a quienes no pueden acceder a ella mediante el mercado.

Y ahí es donde creo que España lleva demasiado tiempo dando vueltas sobre el mismo problema.

Se habla mucho de los propietarios particulares. Se habla de los alquileres turísticos, de los fondos de inversión, de los grandes tenedores, de la especulación y de las viviendas vacías. Todas estas cuestiones pueden y deben analizarse.

Pero existe el riesgo de terminar convirtiendo a unos ciudadanos en responsables de solucionar aquello que corresponde principalmente a las políticas públicas.

Yo soy autónomo y pago muchos impuestos ( y no tengo ninguna vivienda en propiedad). Y no me importa pagarlos si sirven para mejorar la vida de todos: sanidad, educación, dependencia, infraestructuras o servicios públicos. Tampoco me parecería mal que una parte importante de esos recursos se destinara a construir vivienda pública.

Lo que no considero justo es que el propietario particular sea presentado como responsable de una carencia que las administraciones no han conseguido resolver.

Si una persona ha comprado legalmente una segunda vivienda con sus ahorros, ha pagado los impuestos correspondientes y cumple con la legislación, creo que debe poder decidir qué hacer con su patrimonio dentro del marco legal: alquilarlo, venderlo, conservarlo o incluso esperar a un momento mejor para venderlo.

Podemos discutir si determinadas decisiones deben estar más o menos incentivadas fiscalmente. Podemos discutir si hay que favorecer que las viviendas entren en el mercado. Podemos debatir sobre regulación, alquileres turísticos o vivienda temporal.

Pero una cosa es regular el patrimonio privado y otra convertirlo en sustituto de la vivienda pública.

Más viviendas, más posibilidades

Tampoco creo que sea demasiado útil meter a todos los inversores en el mismo saco bajo la etiqueta de “fondos buitre”.

El mercado financiero es mucho más complejo. Detrás de determinadas estructuras de inversión hay grandes compañías, pero también existen vehículos que canalizan ahorro de particulares e instituciones. Quien invierte busca, lógicamente, obtener una rentabilidad. Ese es el objetivo de una inversión.

Podemos cuestionar determinadas prácticas, analizar sus consecuencias y decidir democráticamente qué actividades queremos regular. Pero buscar rentabilidad no convierte automáticamente a un inversor en responsable de que exista una crisis de vivienda.

La pregunta realmente importante es otra:

¿Por qué no tenemos suficientes viviendas asequibles?

El Banco de España ha estimado que entre 2021 y 2025 el crecimiento de los hogares superó ampliamente a la oferta de vivienda nueva, generando un déficit acumulado de unas 750.000 viviendas.

Banco de España: déficit acumulado de vivienda entre 2021 y 2025.

Y esa falta de oferta tiene consecuencias.

Cuando muchas personas buscan una vivienda y existen pocas disponibles, los precios soportan una presión evidente. Aumentar la oferta no solucionará por sí solo todos los problemas del mercado, pero resulta difícil imaginar una solución estable sin construir más vivienda, especialmente vivienda asequible y social.

Más vivienda pública.

Más suelo disponible donde realmente sea necesario.

Más capacidad para construir.

Más rehabilitación.

Más colaboración entre administraciones.

Y también un mercado privado suficientemente amplio para que exista competencia entre propietarios.

Porque no creo que necesitemos una guerra entre propietarios e inquilinos. Ni entre españoles e inmigrantes. Ni entre pequeños ahorradores y grandes inversores.

Necesitamos políticas públicas que permitan que una persona que hoy no puede acceder a una vivienda tenga una alternativa digna.

La vivienda llega ahora a las urnas

Y aquí aparece el último capítulo de esta historia.

El 2 de octubre, el Congreso de los Diputados derogó dos reales decretos-ley relacionados con la vivienda. El primero incluía medidas urgentes para proteger la función social de la vivienda y ampliar la oferta de vivienda asequible. El segundo buscaba reforzar la estabilidad de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual.

Derogación del Real Decreto-ley 26/2026, publicada en el BOE y derogación del Real Decreto-ley 27/2026.

Mientras tanto, las movilizaciones continuaron. El 3 de octubre se celebraron manifestaciones en más de 50 ciudades españolas y los colectivos convocantes comenzaron incluso a plantear una huelga general vinculada a la vivienda.

Y entonces sucedió algo políticamente extraordinario.

El 5 de octubre, Pedro Sánchez anunció la disolución de las Cortes Generales y la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre de 2026.

Declaración institucional de Pedro Sánchez del 5 de octubre de 2026.

No creo que sea riguroso decir que las elecciones se convocan exclusivamente por la vivienda. El propio presidente justificó la convocatoria por la dificultad para mantener la gobernabilidad y alcanzar acuerdos en un Congreso cada vez más bloqueado.

Pero sería igualmente ingenuo ignorar el contexto.

La vivienda está en la calle.

Está en las tiendas de campaña de Sol.

Está en las manifestaciones de decenas de ciudades.

Está en los jóvenes que siguen viviendo con sus padres.

Está en las familias que no encuentran un alquiler que puedan pagar.

Y ahora también estará, inevitablemente, en la campaña electoral.

Quizá la pregunta sea mucho más sencilla

Los partidos podrán discutir durante meses si el propietario tiene demasiadas viviendas, si los fondos compran demasiado, si el alquiler turístico tiene la culpa, si los ayuntamientos construyen poco, si las comunidades autónomas hacen lo suficiente o si el Gobierno central debería intervenir más.

Pero quizá exista una pregunta que debería estar por encima de todas las demás:

¿Cuántas viviendas asequibles necesita España y quién va a construirlas?

Porque una persona que duerme en una tienda de campaña en la Puerta del Sol no necesita que otro ciudadano renuncie a su patrimonio.

Un joven que sigue viviendo con sus padres porque no puede pagar un alquiler no necesita un enemigo.

Una familia con ingresos insuficientes no necesita que le expliquemos durante horas quién tiene la culpa.

Necesita una alternativa.

Y una sociedad que recauda impuestos tiene derecho a exigir que una parte de esos recursos se utilice precisamente para garantizar aquello que, por sí solo, el mercado no puede garantizar a todos.

Quizá hemos estado demasiado tiempo preguntándonos quién tiene la culpa.

Y deberíamos empezar a preguntarnos quién va a construir las viviendas que necesitamos.

Porque el propietario particular no puede ser el sustituto de una política de vivienda pública.

Las tiendas de campaña de Sol son una imagen incómoda.

Pero quizá tengan una virtud: han conseguido que el problema de la vivienda deje de ser invisible.

Ahora les corresponde a las instituciones decidir qué hacen con esa realidad.

Y a los ciudadanos, el 29 de noviembre, decidir qué respuesta consideran más convincente.